Fernando Luengo. Consejo científico de ATTAC España

Publicado en La Marea

El estado español acaba de recibir 9.000 millones de euros de los fondos europeos como adelanto por los 70.000 millones que le corresponden en concepto de transferencias (el resto son préstamos y el gobierno todavía no los ha solicitado). Con la decisión de la Comisión Europea (CE) de adelantar estos recursos se pretende dar un espaldarazo decisivo al Plan de Recuperación y Resiliencia elaborado por nuestro gobierno.

Encontramos esta noticia en la mayor parte de las cabeceras de los medios de comunicación, que insisten en que las transferencias, a diferencia de los préstamos, no tienen ningún coste para nuestra economía, pues, por definición, no deben devolverse; son el resultado del buen hacer de la Unión Europea, que en estos momentos críticos ha sabido y ha querido anteponer los intereses del conjunto de los socios por encima de los de cada país. Estaríamos, en definitiva, ante una Europa solidaria y generosa.

Pues bien, digan lo que digan, lo pongan del derecho o del revés, las transferencias procedentes de Europa sí son reembolsables, en absoluto son un regalo, tienen un coste, y no es pequeño. 

En primer lugar, ese dinero está sometido a una estricta condicionalidad. Pero no confundamos las cosas, esa condicionalidad nada tiene que ver con el buen uso del dinero, que siempre hay que defender y muy especialmente cuando se trata de recursos públicos. 

El Gobierno se compromete a llevar a cabo reformas estructurales en el marco del denominado Semestre Europeo. Y cuando la CE (y el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional…) utiliza este término no está pensando en introducir más progresividad en el sistema tributario, prohibir las puertas giratorias y los paraísos fiscales, ampliar el ámbito del sector social y productivo público en aquellas actividades que son esenciales para el bienestar de la ciudadanía y la supervivencia del planeta, desactivar la industria financiera especulativa, eliminar los privilegios oligopólicos de las grandes corporaciones o poner coto a las extravagantes retribuciones de los altos ejecutivos de las corporaciones. No, este perfil de «agenda estructural» no existe para la Europa de las elites y quien lo defienda se le cuelga el sambenito de populista o antisistema.

Las políticas estructurales que exige la CE apuntan en una dirección muy distinta. Un ejemplo muy destacado es el «mercado de trabajo. Se ha convertido en una verdadera obsesión dar una vuelta de tuerca a las ya muy degradadas relaciones laborales, para que ganen en flexibilidad, entendiendo por tal cosa que se adapten mejor a las necesidades de rentabilidad de las empresas. Otro ejemplo de esta agenda estructural tan querida por las instituciones comunitarias es reformar, con la excusa de su insostenibilidad, el sistema público de pensiones; claro, hay un negocio formidable -para los bancos, las compañías de seguros, los fondos privados…- en torno al envejecimiento demográfico. Hay que expulsar a los poderes públicos de tan lucrativa parcela, mercantilizando y privatizando todo lo que se ponga a tiro.

Un segundo asunto a considerar en relación al coste de las transferencias es que, aunque la propaganda se empeñe en sostener lo contrario, no son un regalo, no constituyen una «lluvia de millones». Es deuda, aunque en este caso no son los gobiernos quienes la contraen, sino la propia CE, que ha decidido acudir a los mercados de capital de manera mancomunada para financiar los fondos de recuperación europea. Pero ese dinero, prestado por los grandes bancos y recibido en condiciones muy favorables, tiene que devolverse a medida que venzan los plazos, con sus correspondientes intereses y amortización del principal. Como la CE toma el préstamo con cargo al presupuesto comunitario, las devoluciones tendrán que llevarse a cabo a través de las aportaciones realizadas por los gobiernos a ese presupuesto. Sobre este asunto todavía hay pocos detalles, pero es un grave error omitirlo u ocultarlo.

En resumidas cuentas, que no nos vendan la moto, las transferencias europeas tienen un coste, tanto en términos financieros como de cesión de soberanía.

ATTAC Acordem no s’identifica necessàriament amb els continguts publicats, excepte quan són signats per la pròpia organització