Fue el viernes 27 de septiembre, hacia las 5 de la tarde, que España dio por terminado el proceso de ratificación del CETA. Momento en que los senadores presentes en el segundo pleno del día (después de aprobar la aplicación del artículo 155 de la Constitución española en Cataluña), emitieron sus votos sin apenas debate, sin representantes del gobierno, y sin casi medios de comunicación, porque todos estaban pendientes de lo que se decía en el Parlament de Catalunya. (A ver si nos enteramos, ni España es soberana, ni Cataluña ha declarado la independencia ).

¿Qué es el CETA?
CETA son las siglas en inglés de Comprehensive Economic and Trade Agreement, el acuerdo económico y comercial global que firmaron la UE y Canadá el 30 de octubre de 2016, con la adición de un instrumento interpretativo nacido del bloqueo del parlamento valón, que no veía en este tratado nada que garantizara el futuro de la economía local de sus gobernados, porque dudaba de la compatibilidad del CETA con la legislación europea, en especial, lo que se refiere al sistema de arbitraje para la resolución de disputas entre inversor extranjero y estados, instrumentado para proteger las inversiones (actualmente una consulta está pendiente de resolución en el Tribunal de Justicia de la UE).

Su ratificación empezó el 15 de febrero, con la aprobación del Parlamento Europeo, desde entonces algunos estados lo han ratificado, pero el procedimiento no acabará hasta que lo hayan ratificado todos los estados miembros de la UE.

En España la ratificación empezó el 29 de junio de 2017, día en que el Congreso de Diputados lo aprobó. Mientras tanto el CETA se aplica provisionalmente desde el 21 de septiembre de 2017, y de forma parcial (casi todo el tratado).

Un poco de historia.

El CETA comenzó a negociarse en el año 2009 por representantes de ambos bloques, a puerta cerrada, y con la participación de los grupos de presión empresarial, para eliminar cualquier barrera al comercio y a la inversión que pudiera existir entre los bloques, y además, proteger las inversiones de las compañías multinacionales. Con esta nuevas reglas del juego, mercancías y capitales se mueven por el territorio de los estados sin controles, sin impuestos. Una mayor libertad de movimiento de capitales que en nada ayuda a la lucha contra la corrupción y las prácticas especulativas que desencadenaron la Gran Crisis Financiera Global de 2007-2008, abriendo las puertas a futuras crisis financieras..

Dicen, para bajar costes y por tanto los precios; dicen que impulsaría el crecimiento económico y la creación de empleo. Pero algunos informes como el de la Universidad de Tufts alertaron de que por el contrario, la aplicación del CETA produciría la pérdida de unos 200.000 empleos, y otros informes (comité de expertos del estado francés) alertaron de que la eliminación de controles perjudicaría la salud pública y el medio ambiente.

Este tratado, conocido también como el caballo de Troya del TTIP o la puerta trasera del TTIP, por abrir paso a las multinacionales estadounidenses establecidas en Canadá (un 76% aproximadamente), no dedica ni un artículo a proteger los derechos de los trabajadores, ni de los consumidores, e incluso, a pesar de dedicar un capítulo al medio ambiente, no garantiza su respeto ni el cumplimiento de lo pactado en otros acuerdos, como por ejemplo el de París, ya que no articula ningún sistema sancionador para las compañías que lo incumplan. Tampoco da herramientas para la lucha contra el fraude y la especulación, sólo protege las inversiones de las compañías multinacionales y la libertad de movimiento de capitales.

Y es que el CETA beneficia principalmente a las compañías multinacionales garantizando sus inversiones con sistemas arbitrales privados para su uso exclusivo. Estos sistemas tienen como misión proteger la rentabilidad de las inversiones extranjeras de cualquier actuación de los gobiernos tomada en interés público (en cualquier nivel de la administración: nacional, regional o local) que pueda perjudicar dicha rentabilidad incluso de manera indirecta. Estos sistemas suponen una amenaza a la democracia y a los presupuestos de los estados.

¿Y el futuro?

Al ratificar el CETA, el gobierno español ha permitido la entrada de las compañías canadienses en el mercado de las compras públicas, ha liberalizado el mercado financiero sin tener en cuenta la amenaza de la especulación y las crisis financieras, y ha limitado seriamente a los gobiernos en su labor legislativa, al someterlos a comités supranacionales que valoraran la pertinencia de sus resoluciones respecto de las inversiones extranjeras, como también,  para crear, expandir y regular los servicios públicos, incluso revertir las fracasadas privatizaciones.

Al ratificar el CETA, el gobierno español  decidió proteger a las compañías multinacionales y se olvidó de sus gobernados (https://goo.gl/uRdbui ). Se ha hablado de las ganancias que supondrá este tratado para la economía nacional, pero no se explica cómo se distribuirán las tan cantadas ganancias de este comercio entre los ciudadanos, ¿o es qué no piensan repartirlas?

El 27 de octubre de 2017 finalizó el proceso de ratificación del CETA para España, que espera junto a Portugal, Croacia, República Checa, Dinamarca, Malta y Letonia, la ratificación de los restantes estados miembros de la UE para la entrada en vigor de la totalidad del acuerdo. Pero el CETA forma parte ya del ordenamiento jurídico español y se pone en lo más alto de la jerarquía normativa. Y podría no ser el único, ya que la UE está negociando otros tratados con países de todo el mundo y el CETA es su modelo.

Sandra Soutto.