Andrés García. Investigador de la PARS

El País

La Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) ha terminado su investigación sobre las incompatibilidades del número 2 del Departamento de Salud, Josep Maria Padrosa. Concluyen que incumplió la Ley de Incompatibilidades y la Ley de Ordenación Sanitaria del CatSalut al compatibilizar cargos en seis empresas sanitarias privadas y su función en el Gobierno de Cataluña. Padrosa incurrió también en infracción al tardar 21 meses en presentar su declaración de actividades, bienes e intereses.

La OAC se limita a constatar una situación ilícita, pero no exige que se inicien las acciones necesarias para que se destituya a Padrosa, algo que marca claramente la ley en su artículo 18: “Las infracciones graves se sancionan con la destitución inmediata del alto cargo infractor”.

Las leyes de incompatibilidades sirven para impedir que quienes tienen conflictos de intereses accedan a un cargo público, ya que no se puede garantizar la neutralidad necesaria para servir al interés general. Este nombramiento se puede calificar de fraudulento por haberse hecho fuera de ley. Es importante matizar que es irrelevante si el alto cargo ha usado su influencia para sacar beneficio propio o para terceros. Eso pertenecería al ámbito de los delitos penales. Un alto cargo, además de ser honrado, debe parecerlo. Y Padrosa ni siquiera lo parece.

Lo que ha hecho la OAC sienta un peligroso precedente. El mensaje que envía a los gobernantes es que se pueden saltar las leyes sin que haya consecuencias, que las leyes sobre incompatibilidades no les afectan. Si después se descubre algún pastel, con una regañina se salda el tema. ¿Para eso están previstas las sanciones? ¿Van a abrir otra investigación ahora que se sabe que Padrosa sigue siendo a hoy día apoderado de otras siete empresas sanitarias y que fue consejero de otra más hasta agosto de este año?

Señores de la OAC, las leyes están para cumplirlas (obvio para algunos, quimera metafísica para otros). Ustedes deben exigir su acatamiento y el cese inmediato de Padrosa. ¿Han siquiera recomendado su destitución? Si Boi Ruiz no le cesa, podría estar incurriendo en un acto de prevaricación administrativa al no cumplir con lo que la ley le obliga. La impunidad, ayudada por la falta de contundencia de organismos de supuesto control democrático como la OAC, campa a sus anchas para el 1% de nuestra sociedad. ¿Así es como esperan que la ciudadanía empiece a confiar en las instituciones?

Andrés García es investigador de la Plataforma de Afectados por los Recortes Sanitarios (PARS).

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