Ante la amenaza de ilegalizar a FACUA-Consumidores en Acción vertida por el Gobierno de España, con la que le exige que deje de expresar públicamente su opinión sobre los recortes que está llevando a cabo en la sanidad y la educación públicas, así como el cese de sus campañas para movilizar a los ciudadanos contra estas medidas y la subida del IVA.,

MANIFESTAMOS

Que cuando el Gobierno argumenta que las reivindicaciones relacionadas con la sanidad, la educación pública y la subida del impuesto al consumo no guardan relación alguna con “la defensa de los derechos legítimos de los consumidores” y advierte que una asociación de consumidores como FACUA se extralimita de sus funciones al abordar dichos temas, teniendo prohibido expresarse sobre cualquier de ellos, está actuando en contra de lo establecido en la propia Constitución Española y en el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

Además, desatiende el mandato constitucional de defensa y protección de los consumidores y apoyo de sus organizaciones representativas y ejerce un acto claro de censura frente al derecho de una organización ciudadana de expresar sus opiniones e informar a los consumidores respecto de medidas que afectan a sus derechos e intereses legítimos.

Con la amenaza de exclusión del Registro de Asociaciones de Consumidores y Usuarios que el Gobierno realiza a FACUA quiere realmente impedir que esta asociación defienda los que la legislación actual reconoce como derechos básicos de los consumidores, como son la protección de su salud y sus legítimos intereses económicos y sociales, fijando límites y prohibiciones allí donde nuestro ordenamiento jurídico no los pone sino que, por el contrario, mandata a los poderes públicos a oír a los consumidores y usuarios en

todas aquellas materias que les afecten y a procurar un alto nivel de protección de los mismos en todas las políticas tanto nacionales como comunitarias (artículo 51 de la Constitución Española y artículo 38 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE).

Por primera vez en la historia de la democracia española, un Gobierno pretende imponer la censura previa a una organización ciudadana y prohibirle ejercer su derecho a la libertad de expresión, información y opinión, reconocido por la Constitución Española de 1978, en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 2000 y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948

Por todo ello, los ciudadanos y organizaciones firmantes de este manifiesto EXIGIMOS al Gobierno de España:

• Que respete las libertades democráticas.
• Que asuma el derecho de la sociedad civil vertebrada a movilizarse y expresar sus críticas ante cualquier decisión gubernamental que afecte a sus intereses.
• Que se abstenga de consumar las amenazas vertidas a FACUA.
Porque ilegalizar a una asociación por expresar públicamente sus ideas y por defender los intereses y derechos legítimos de los consumidores y usuarios representaría un grave atentado contra la democracia.