ATTAC ACORDEM decide adherirse a la denuncia penal de la PARS

web de PARS ( Plataforma de afectados por los recortes sanitarios)

La sanidad pública está siendo desmantelada en Cataluña, mediante recortes presupuestarios y asistenciales que están llevando a importantes y peligrosas restricciones de acceso a la asistencia sanitaria, un derecho de todos los ciudadanos reconocido en la Constitución Española y reforzado y garantizado en el desarrollo legislativo estatal y autonómico de este derecho.

Bajo el paraguas de las “medidas anticrisis” y de “austeridad”, hay indicios claros de privatización del sector sanitario público pensados no para mejorar la calidad asistencial, sino para favorecer al sector sanitario privado en el que tienen y han tenido grandes responsabilidades los actuales Altos Cargos de la Generalitat que gestionan la sanidad pública. Las actuaciones del Gobierno catalán y la Conselleria de Salut, sus efectos en la realidad social, las declaraciones de los responsables en la toma de decisiones de dicha consejería y el perfil profesional de las personas a las que se ha encomendado este giro en la política sanitaria catalana, marcan la línea de una intencionalidad privatizadora con claros intereses económicos del sector privado.

Por todo ello, una plataforma integrada por ciudadanas y ciudadanos anónimos, profesionales del ámbito jurídico y sanitario, técnicos en documentación, administrativos, personas desempleadas, trabajadoras, precarias, agrupaciones de corte social, vecinales, de pacientes – entre las que se encuentran la Associació de Veïns de l’Òstia, del barri popular de la Barceloneta; la Liga del Síndrome de la Fatiga Crónica, la escritora y ex directora de la Biblioteca Nacional, Rosa Regàs y la Plataforma en Defensa de la Barceloneta – y un grupo de trabajo de Democracia Real Ya Barcelona y otros grupos del 15M hemos presentado, el 21 de marzo de 2012 ante la Fiscalía Superior de Cataluña, una denuncia por un posible delito criminal y para solicitar que se inicien diligencias de investigación ante los gravísimos hechos que están ocurriendo en el ámbito sanitario catalán.

Denunciamos un delito tipificado en el artículo 542 del Código Penal, según el cual incurren en un delito todos aquellos funcionarios públicos “que, a sabiendas, impidan a una persona el ejercicio de otros derechos cívicos reconocidos por la Constitución y las Leyes”, además de otros delitos que pudieran resultar de la investigación que se practique.

Las actuaciones que se consideran constitutivas de delito están detalladas en el relato de hechos. Cuestiones como la reducción de prestaciones, el cierre de centros sanitarios, de plantas quirúrgicas, de consultas especializadas, la imposición de cierres forzosos de los hospitales, la reducción de la actividad concertada, la supresión de tratamientos, los recortes de personal sanitario, la paralización de mejoras y de construcción de nuevas infraestructuras, el aumento de las Listas y de los Tiempos de Espera, la supresión de tratamientos e intervenciones quirúrgicas con tiempos de espera garantizados, la modificación de la legislación vigente con el objetivo de permitir la privatización del servicio sanitario público catalán y el resto de órdenes descritas en el relato de hechos están basadas en documentación oficial si bien también hemos tenido que recurrir, en ciertos casos, a informaciones recabadas por otros medios dada la opacidad de la Administración de la Generalitat, cuestión que también denunciamos en el documento presentado.

Las declaraciones públicas de los responsables del Departament de Salut, asumiendo aumentos en las Listas de Espera e invitando a los ciudadanos a contratar un seguro privado, son hechos objetivos que no se pueden valorar de forma independiente: son la muestra de una estrategia con objetivos mercantilistas cuyo producto de mercado es la salud de la ciudadanía y que está provocando daños irreparables en el sistema sanitario público y en las personas. El Gobierno está apartándose de la obligación legal, política y ética de respetar dichos derechos, protegerlos y proporcionar su efectiva satisfacción, causando perjuicios presentes o futuros por los que las personas afectadas, la ciudadanía, debe exigir reparación y responsabilidades.

No acometemos en este documento ninguno de los casos particulares de personas afectadas por la gestión sanitaria que ya están en diferentes tribunales catalanes; son procesos que siguen su curso independiente, y no es el objeto de la denuncia el análisis de esos casos particulares, pero queremos mostrar nuestra solidaridad con las familias que están sufriendo en primera persona las consecuencias de unos recortes que se están aplicando indiscriminadamente sin más criterio que el económico. Ya han dicho basta los profesionales sanitarios, ahora nos corresponde al resto de los ciudadanos.

Invitamos a todos los ciudadanos que estén en lucha por la defensa del derecho a la salud y la sanidad pública a sumarse a esta acción legal contra el expolio de derechos cívicos y bienes públicos.

Si deseas unirte a esta acción legal colectiva ante los Tribunales, visita la sección Adhesiones de este mismo blog donde te decimos cómo hacerlo.