Xavier Caño Tamayo. ATTAC Acordem

Recortes presupuestarios, restricciones sociales, menor protección social, peor atención sanitaria, peor educación, rebaja de salarios, despidos, precariedad… Todo por la deuda.

En Europa, pagar la deuda y sus intereses se ha convertido en algo sagrado. Con tremendos costes sociales, por cierto. Pero de nada ha servido introducir en las constituciones que pagar la deuda es prioritario para cualquier gobierno. Ni tampoco imponer planes de austeridad con recortes de gasto público para que los gobiernos tengan liquidez para pagar sus deudas y las de bancos privados. El poder financiero quiere más. Nunca tiene bastante.

Los “mercados”, capitaneados por Goldman Sachs y con la ayuda torticera de las agencias de rating, atacan el euro y a la Unión Europea. Como dicen en las películas de gangsters, no es nada personal; solo son negocios.

Enormes beneficios para los especuladores de la deuda. Y sube la prima de riesgo de la eurozona, incluso la de Francia. Hasta Alemania ve como aumentan los intereses a pagar por sus bonos. La deuda deviene hidra de siete cabezas que amenaza con dejar muy mal parada a Europa. Y, de rebote, llevar al mundo a una crisis económica crónica.

¿Qué diablos pasa con la deuda? Preguntémonos qué tipo de deudas son las que alimentan ese baile de los malditos en Europa. Porque no todas las deudas son aceptables; las hay ilegítimas e incluso, odiosas. Por supuesto.

En derecho internacional, ilegítima u odiosa resumiendo es la deuda pública contraída contra los intereses de la ciudadanía. Aquella cuyos fondos se emplean para fines inaceptables, como adquirir medios y armas para reprimir a la población. O contraída para fines muy discutibles, como comprar navíos de guerra, submarinos, cazabombarderos y helicópteros de combate. Eso ha hecho el gobierno griego comprando armamento a Francia y Alemania, cuando su deuda ya era enorme. Deudas ilegítimas, contraídas a espaldas de la ciudadanía, contra sus derechos, deteriorando o destruyendo el medio ambiente. Esas deudas no se pagan. Pero antes hay que auditarlas.

Una auditoría de la deuda debe analizar el contexto social del país que contrae la deuda; averiguar quien la firmó, para qué es el préstamo, cómo han evolucionado los tipos de interés, qué supone el pago de la deuda en el PIB, si ha habido condiciones para conceder el préstamo (como exigir privatizaciones de empresas y servicios públicos)… Así se averigua si la deuda es legítima o no.

Las auditorías no son nuevas. Empezaron en los ochenta del siglo XX, cuando la deuda ahogaba a países de África y América Latina. Y con las auditorías, la respuesta política.

En 2002, Argentina dejó de pagar su deuda contra toda regla y costumbre. Los “expertos” le auguraron todo tipo de males, sin embargo, no pagar la deuda fue clave para la recuperación del país. Entre 2007 y 2008, el gobierno de Ecuador presidido por Rafael Correa, tras una rigurosa auditoría, canceló deudas ilegítimas contraídas por entidades públicas con bancos privados. Se ahorraron 300 millones de dólares, que se utilizaron para mejorar la sanidad pública, la educación y crear puestos de trabajo. En noviembre de 2008, Ecuador decidió suspender el reembolso de deuda que vencía en 2012 y 2030, porque la auditoría de la deuda concluyó que era eminentemente especulativa y fuente de pérdida de capacidad soberana del estado.

No le va tan mal a América Latina con esa política cuando, a pesar de los serios problemas que aun padece, disminuye la pobreza ostensiblemente, como certifican la CEPAL y la ONU.

En Asia, a finales de los noventa, mientras Tailandia e Indonesia se hundían estranguladas por sus deudas y agravada la situación económica por la austeridad impuesta por el FMI, Malasia ignoró olímpicamente las recetas neoliberales de austeridad y sorteó con fortuna la crisis que destrozaba a sus vecinos.

Ante el fracaso de las políticas neoliberales austeras impuestas para pagar la deuda, en Grecia, intelectuales, parlamentarios, y organizaciones ciudadanas han creado una plataforma para promover la auditoría de la deuda. En Francia, asociaciones y organizaciones sociales y ciudadanas se preparan para auditar la deuda y ya están organizados para tal objetivo. En Túnez y en Irlanda, las organizaciones ciudadanas trabajan en esa misma línea. En España, ATTAC, QDQ, CADTM y otras entidades cívicas reivindican no reconocer ni pagar deuda alguna de la eurozona y hacer una auditoría de todas las deudas nacionales para determinar su legitimidad y actuar en consecuencia.

Las auditorías de la deuda, y anularla cuando sea el caso, son un derecho democrático tan esencial como el derecho a la información. Son medios de participación ciudadana, de aportación de transparencia y de control democrático de la conducta de los poderes públicos. Por fortuna, ante la crisis que deviene crónica, crece el movimiento europeo por la auditoria de las deudas.