Josep Cabayol

La vivienda, derecho inalienable.
La crisis está consumiendo la vida de las personas que no tienen trabajo y no pueden pagar el piso. Desahuciarlos no les supone tan solo perder la vivienda, sino que deberán saldar una deuda imposible a la entidad financiera que hizo la hipoteca. De hecho, se les embarga de por vida y se les niega una segunda oportunidad.
En la mayoría de países europeos y en Estados Unidos, con la dación de la vivienda es suficiente para solucionar la deuda. En España no. Nos tenemos que mirar el problema con la frialdad de quien piensa que nunca le sucederá algo parecido? Todos estamos sometidos al peligro que acarrea un golpe de mala suerte. Cisne negro al margen, tenemos el deber de velar por la salud de todos sin exclusiones. Y no disponer de vivienda es un problema de salud pública.

La ciudadanía
Las últimas semanas cada vez más gente apoya a las Plataformas de Afectados por la Hipoteca. Y ciudadanos y ciudadanas se van añadiendo a las acciones en contra de los desahucios. Son ya más de 80 los que se han logrado detener en todo el Estado. Legalmente no hay duda: se les podía “echar” (1). Pero la gente se pregunta: ¿qué tipo de ley es esta que no contempla los derechos de las personas y permite dejarlos sin techo? Y poco a poco se van respondiendo: si la ley dice lo que dice, ¡la cambiamos y dirá otra cosa! El movimiento ha llegado a los tribunales y la Audiencia de Girona, como había hecho la de Navarra, se ha pronunciado a favor de la dación.

La Ley
Pero no basta con la dación. Entregar el piso a cambio de la deuda es básico pero no da respuesta a un derecho fundamental: tener una casa donde vivir.
Las entidades financieras acumulan pisos vacíos que no ponen en el mercado para no tener que retocar los balances. Y están a la espera de una recuperación – lejana – que les permita volver a especular.
Todos juntos, la ciudadanía, con los impuestos, hemos rescatado las entidades financieras y todavía lo hacemos a nuestro pesar o no. Esto nos da derecho a decirles: “Moratoria, hay que aplazar todos los desahucios hasta que pase la crisis”. En todo caso y a la espera de una nueva ley que se aplicara con carácter retroactivo, deberíamos exigir que las familias que pierdan la propiedad de la vivienda, puedan continuar viviendo en su casa, en régimen de alquiler social que no exceda el 30% de sus ingresos, hasta que se adopte la nueva legislación. Y deberíamos requerir a las administraciones y a los partidos políticos: “Demostrar ahora que trabajáis en favor de la ciudadanía – convenciendo – a las entidades financieras que la dación y el alquiler social son rentables”

La magnitud del problema
Según el gobierno el paro superará los 4 millones de personas. Otras fuentes menos “optimistas” aseguran que superará el 30%. ¿Cual será el paro estructural en el futuro: 12, 15%? En España, en 2010, se hicieron casi 100 mil ejecuciones hipotecarias. Desde el comienzo de la crisis van 300 mil, 60 mil de ellas en Cataluña, la CA más afectada. Organizaciones de banca calculan que en poco tiempo se rebasará el millón de ejecuciones. Cada una afecta no sólo a aquellos que no pueden pagar, sino también a los avalistas, habitualmente del entorno familiar. La cuenta es exponencial. ¿Nos podemos permitir, hablando en términos económicos, tirar tantos recursos humanos? ¿Tenemos derecho a hacerlo ética y moralmente?

El Futuro
¿Aceptamos sin más el escarnio que suponen las indemnizaciones multimillonarias, la salvación de las entidades financieras con dinero público sin que suponga nacionalizarlas, el enriquecimiento de las elites, la privatización de los derechos sociales, el empobrecimiento de la mayoría en beneficio de unos pocos?
Se nos ha empujado al borde del abismo. ¿Damos el paso al frente y nos precipitamos en el olvido? o ¡nos giramos y les plantamos cara!