Paco Roda. Universitat pública de Navarra

Al igual que otros sistemas del Estado de Bienestar (EB) como la salud, la educación o las pensiones, los servicios sociales, ese denominado cuarto pilar del EB, están seriamente amenazados por la estrategia neoliberal que trata de justificar intervenciones en su diseño, estructura, gestión y planificación.

No es una novedad que los algunos sistemas públicos de protección estén siendo semicolonizados por la lógica del mercado. Hace tiempo que la ciudadanía, influida por un discurso muy insistente en los medios liberales, ha sucumbido a la inevitable estrategia del mercado dada, dicen, la ineficacia de los modelos públicos, sobrecargados de funcionariado y con altas dosis de inviabilidad financiera. Todo ello para justificar la irrefutable eficacia y eficiencia de los modelos privados de gestión, libres de obstáculos administrativos y con una mayor agilidad operativa, aunque la práctica demuestre la falsedad empírica de estas argumentaciones.

No es nuevo tampoco que parte del Estado de Bienestar haya adelgazado (en el caso español nunca ha tenido ni peso ni sobrepeso) o haya cedido ante el empuje de las estrategias neoliberales. Así por ejemplo, el sistema de salud público ha sido degradado en la Cataluña nacionalista dejando gran parte de su estructura directa e indirecta en manos privadas muy ligadas al nacionalismo puyolista durante los años de su mandato. Lo mismo puede decirse de la Comunidad Valenciana y de Madrid, donde gobierna el PP y donde se han implantado estrategias privatizadoras de alto voltaje en la estructura sanitaria y educativa con gravísimas repercusiones para la ciudadanía.

Recientemente, el consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, Álvaro Miranda, dijo textualmente: “Hay que tener la sanidad que se puede pagar”, es decir, en una economía rica y sostenida podremos pagar mucho, pero en una economía deficitaria, la salud bajará en su nivel de atención. O también, que cada uno acceda al sistema de salud en función de su nivel de ingresos, los ricos podrán pagar más en una sanidad mercantilizada y los pobres se conformaran con una sanidad pública o semipública de baja intensidad protectora.

Pues bien, en materia de Servicios Sociales, las previsiones son similares ya que se trata de un campo de intervención público escasamente definido, muy poco o nada empoderado políticamente y de escasa relevancia en la agenda pública dado su carácter sectorial (para pobres y marginados). No obstante, las mayores incursiones del mercado en este ámbito han tenido que ver con la gestión de servicios residenciales para la Tercera Edad, uno de los grupos de beneficiarios de los servicios sociales con más poder adquisitivo al confluir en él un gran número de prestaciones de carácter finalista (pensiones) que aseguran una cierta viabilidad financiera.

La estrategia neoliberal en materia de servicios sociales afecta, no solo a la gestión o la financiación de los mismos, objeto de otros análisis, sino también a la concepción de los mismos, al ideario, a la práctica profesional y a las estrategias de inserción social, económica y laboral de los clientes que acuden a este sistema, aspectos éstos de gran trascendencia ya que significan el qué hacer, cómo hacer y en qué contexto operativizar el objetivo de este sistema que no es otro que la protección y el apoyo a aquella parte de la ciudadanía con menos recursos personales, económicos o sociales.

La actual crisis económica ha saturado los servicios sociales, los cuales presentan un incremento de atenciones en el ámbito estatal del 58%. Las comunidades autónomas han aumentado un 51% las rentas de inserción, el perfil de los nuevos clientes que llaman a la puerta de los servicios sociales ha cambiado, incorporándose a sus ficheros un 24% de personas más que no padecían patologías sociales previas de carácter exclusógeno. Asimismo aquellas personas que ya padecían estados de crisis, la han acentuado reclamando procesos de intervención más intensivos que el actual sistema no es capaz de ofertar al reducir sus intervenciones a niveles de mera contención paliativa. En este sentido los procesos de incorporación socio personal, que tanto han costado (en recursos y energías) en el pasado, se han visto interrumpidos o fuertemente degenerados ante la falta de respuestas específicas dada la contención de gasto público. Así, ha empeorado la atención de unos profesionales que se ven literalmente abrumados ante una ingente sucesión de demandas que no son capaces de contener más allá de una intervención económica sin capacidad de generar procesos autonomistas. Y es que iniciar procesos de recuperación personal y social es caro. Pero no más que sustentar un modelo que para pagar, sirva el ejemplo de Navarra,  una Renta Básica  de 633 euros al mes, necesita gastar 560 euros más en pagar al personal que la gestiona y fiscaliza. Pese a ello, la respuesta no ha sido el implemento de más recursos, sino la contención, cuando no la limitación del gasto.

El discurso político en materia de servicios sociales sostiene que el individuo es dueño de su destino, y quien nada tiene ni nadie es, debe mejorar sus habilidades personales para promover su propia capacidad de autonomía. De no hacerlo así, la culpabilidad y responsabilidad de su exclusión-autoexclusión recaerá sobre él mismo. Este imaginario ideológico repercute directamente en la concepción política de los procesos sociales, especialmente de aquellos más segmentalizados o periféricos. Así se naturalizan los procesos de desestructuración social, económica y laboral. Es decir, el neoliberalismo considera que la población está sometida a vaivenes de fuerza cuyo eje se encuentra lejos de la responsabilidad del mercado, de las estructuras, de las leyes, las dinámicas sociales o los dispositivos de renta y distribución de la misma. El neoliberalismo considera al conjunto de la población, especialmente aquella que más padece procesos de precarización y exclusión endémica, como un agregado de dinámicas que gestionar desde la perspectiva de la naturalidad e inevitabilidad de dichos procesos de exclusión. La población se reconvierte en un objeto a regular, no en un sujeto al que atender y considerar en su sistémica existencia. Esta perspectiva naturalizadora convierte las desigualdades y las segregaciones sociales en algo natural e inevitable sancionando así la responsabilidad individual como única estrategia de salvación.

Finalmente, no es cierto, como suele ser aceptado,  que la derecha social, abanderada por el PP, no tenga elaborada una política de servicios sociales. El neoliberalismo social trata de reducir al mínimo la intervención del Estado y de las estrategias públicas en el contexto de  la dinámica mercantil. Pero ello no implica que no intervenga; sí que lo hace. Lo que ocurre es que la derecha social implementa actuaciones, dinámicas y estrategias de intervención a través de un conjunto organizado de operaciones encaminadas a que el mercado las rentabilice en beneficio privado generando así una intensa competencia.

En ocasiones ocurre que las políticas sociales de las derechas municipales o autonómicas con responsabilidad de gobierno no llegan a articularse. En muchas ocasiones esto ocurre por pura dejación de responsabilidades o por desconocimiento técnico (lo que no admite ni justificación)   o debido a una clara intencionalidad de no intervención ya que los sujetos a quienes se dirigen no tienen ni peso político ni influencia social de contestación. Cuando esto ocurre se está  desvirtuando el espacio de intervención pública generando una dejación de responsabilidades que repercute en la atención a la ciudadanía. Uno espera que la crisis suponga una oportunidad de reflexión más allá de lo meramente paliativo, inmediato y electoral de algunas propuestas de intervención.

Paco Roda

Profesor Asociado Universidad Pública Navarra