Las Plataformas contra la Exclusión Financiera y por una Banca Pública reclaman al Gobierno y al Banco de España que cumplan el compromiso recogido en la Ley 4/2022 de luchar contra la exclusión financiera.

La fuerte concentración bancaria producida en España en los últimos años ha generado problemas de exclusión financiera. Cinco bancos concentran el 70% de los activos bancarios (Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell y Unicaja). En 2008 había 45.600 oficinas bancarias que se habían reducido hasta 20.421 en septiembre de 2021 y el número de cajeros automáticos había retrocedido desde 61.714 hasta 49.481 entre 2008 y 2020. La exclusión ha afectado de manera especial a los más de 120.000 trabajadores que han perdido su puesto de trabajo, a las generaciones de más edad y a más de la mitad de los municipios situados en la España rural.  La firma en febrero por las patronales bancarias AEB, CECA y UNACC de la actualización del protocolo destinado a fomentar la inclusión financiera de todos los ciudadanos, se ha mostrado a todas luces insuficiente.

Que se entienda el verdadero sentido del término ” exclusión financiera” es misión de la Plataforma contra la Exclusión Financiera.  Porque “inclusión financiera” no es solo poder sacar dinero de un cajero: es permitir el acceso a los servicios bancarios y a la financiación a las personas y las instituciones que lo necesiten, y es permitir financiar los cambios que las comunidades del mundo rural necesitan para el desarrollo de sus pobladores.

La ley 4/2022 de 25 de febrero de protección de los consumidores y usuarios frente a la vulnerabilidad social.

La ley 4/2022 incorpora dos disposiciones adicionales destinadas a favorecer la inclusión financiera que obligan al Gobierno a actuar antes del 2 de junio:

Disposición adicional segunda: El Gobierno promoverá, en el plazo de tres meses siguientes a la aprobación desde la entrada en vigor de la presente ley (2 de marzo de 2022), las modificaciones legislativas necesarias para garantizar la atención personalizada en los servicios de pagos a los consumidores y usuarios en situación de vulnerabilidad que lo demanden, sin discriminación motivada por la brecha digital.

Disposición adicional tercera: El Gobierno promoverá, en coordinación con el Banco de España como supervisor, y representantes del sector de entidades de crédito un Plan de Medidas para favorecer la inclusión de las personas más vulnerables, y especialmente aquéllas de mayor edad, que incluya, entre otras, las siguientes:

…/…

h) Cuantas medidas se consideren oportunas para acercar los servicios financieros a todas las personas [físicas y jurídicas] especialmente en el medio rural, hacerlos más accesibles, teniendo especialmente en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad y las personas mayores.

El Gobierno continuará impulsando entre las líneas de actuación estratégica de la sociedad estatal Correos y Telégrafos S.A. iniciativas para evitar la exclusión financiera de los consumidores en situación de vulnerabilidad, como la instalación en sus oficinas de cajeros automáticos en pequeños núcleos de población sin este tipo de servicios o la firma de acuerdos de colaboración con las entidades bancarias para la realización de operaciones de ingreso y retirada de efectivo.

Reclamación al Gobierno y al Banco de España.

Pero pasados los tres meses desde la entrada en vigor de la Ley (el 2 de marzo) no ha aparecido ninguna modificación legislativa para la atención personalizada en los servicios de pago a los excluidos rurales. Conviene recordar que en junio de 2021 había en España 4.443 municipios (un 54% del total) sin sucursal bancaria, lo que supone más de 1.500.000 personas vulnerables para el acceso al efectivo y a los servicios bancarios en general.

Una atención personalizada no se resuelve permitiendo una llamada telefónica (sólo a los clientes) desde las pocas oficinas de Correos donde Banco Santander o Ibercaja hayan instalado un cajero automático. Tampoco se han acercado los servicios financieros a las personas físicas o jurídicas (empresas o autónomos) del medio rural mediante una actuación estratégica en Correos.

También reclamamos que el Anteproyecto de Ley de creación de la autoridad del defensor del cliente financiero tenga por objeto la defensa de los clientes desatendidos por no disponer de sucursal bancaria en sus municipios.

Por estos motivos, las Plataforma contra la Exclusión Financiera y por una Banca Publica vuelven a pedir al Ministerio de Asuntos Económicos y al Banco de España que atienda a nuestras:

Propuestas básicas contra la exclusión financiera (documento consensuado).

INTRODUCCIÓN.

La iniciativa del médico jubilado Carlos San Juan “soy mayor, no idiota” ha dado un enorme impulso a la denuncia que desde hace meses venimos haciendo sobre la Exclusión Financiera que están soportando los ciudadanos españoles. Circunstancia que no sólo afecta a los mayores sin habilidades para operar digitalmente en un territorio abandonado de oficinas y empleados por la desaparición de la mayoría de las entidades financieras. La Exclusión Financiera ataca principalmente a la mayoría social, trabajadores, autónomos, dependientes y profesiones que viven al día de sus salarios, pensiones o ingresos periódicos. Poner trabas para disponer del dinero plantea problemas vitales imposibles de afrontar: como pagar los gastos de consumo diario y los servicios básicos. A eso dedican los ingresos la mayoría social de la población. La desaparición de las Cajas de Ahorros y la reducción del sistema financiero español a un oligopolio privado sin vestigio de Banca Pública ha afectado de forma negativa a los ciudadanos, que han quedado inermes financieramente. El dinero en una economía de transacciones mercantiles es un bien público, de uso universal, y el acceso al mismo, por tanto, no puede estar condicionado y mediado por la realidad de un reducido número de bancos privados.

Las entidades bancarias que quedan de participación pública pueden ser punto de partida para recuperar una banca minorista y pública. Sólo el Estado puede garantizar restituir un servicio financiero imprescindible para los ciudadanos, no el mercado.

SOLICITAMOS A QUIEN CORRESPONDA:

Que inmediatamente, ante la urgencia de la situación, se nombre un delegado del gobierno para la inclusión financiera. Integrar como interlocutores en la búsqueda de soluciones a los sindicatos de trabajadores bancarios, de correos y de las asociaciones en defensa de los derechos de los consumidores y organizaciones contra la exclusión financiera.

Anticipamos propuestas que pudieran ayudar en el debate de soluciones:

 1º.- De forma inmediata, la red de Correos no debe estar al servicio del negocio de entidades privadas, sino realizar directamente las operaciones básicas que ya en su momento realizaba la Caja Postal más las que le permite su condición de Entidad de Dinero Electrónico (EDE). Así mismo se debe exigir que la formación financiera (y equipamiento) llegue a toda la población de acuerdo con las exigencias de la Unión Europea.

2º- Otra prioridad inmediata es defender y apoyar de forma total a las cooperativas de crédito y cajas rurales y finanzas éticas y solidarias. Las cooperativas de crédito se deben mantener para atender y financiar a la población rural. Es la banca de proximidad alternativa que queda. En este sentido es de gran interés el dictamen en 2015 del Comité Económico y Social Europeo (ECO/371) a favor de las cooperativas de crédito y las Cajas de Ahorro.

3º. Para crear la banca de desarrollo local y contribuir al equilibrio territorial que se necesita (una recomendación del primer encuentro mundial de la banca de desarrollo la Cumbre de Finanzas en Común), es importante aumentar las sucursales del ICO a nivel provincial (y más en concreto las de la España vaciada) pudiéndose ubicar en los locales públicos existentes. Esta propuesta ya se reclamó en el manifiesto “Transformar el ICO en un auténtico banco de desarrollo” firmado por economistas, personalidades la Plataforma por la Banca Pública y otras entidades.

4º.- Esta es una propuesta de urgencia y de mínimos, sin que ello quiera decir que no se aspire a crear un polo de banca pública de más envergadura en España.

Plataformas contra la Exclusión Financiera y por una Banca Pública.

ATTAC Acordem no se identifica necesariamente con las opiniones expresadas en los artículos, que son responsabilidad de los autores de los mismos

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