Las pérdidas de Sareb provocan el control público

Julio Rodríguez López. Miembro de la Plataforma por una Banca Pública

Publicada en El Siglo de Europa

La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), el ‘banco malo’ de España, sigue siendo noticia. Sareb se creó en 2012 con el objetivo de sanear un conjunto de entidades de crédito afectadas por la crisis derivada del pinchazo de la burbuja inmobiliaria y también para aportar estabilidad al conjunto del sistema financiero.


La entidad se constituyó con unos recursos propios (capital y deuda subordinada), de alrededor de 4.800 millones de euros. La participación estatal en los recursos propios de Sareb ascendió al 45,7% a través del Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria (FROB). El resto de las acciones (50,3%) se colocó entre bancos españoles, excluido el BBVA, bancos extranjeros, una compañía eléctrica y varias compañías de seguros. El Banco de Santander se situó como segundo accionista.

Sareb adquirió los activos problemáticos de nueve bancos valorados en unos 50.800 millones de euros emitiendo deuda por una cuantía equivalente, avalada por el Estado. Dicha deuda sustituyó en los balances de los bancos afectados a los activos problemáticos cedidos a Sareb, y se convertiría en deuda pública si Sareb no pudiese hacer frente al reembolso de la misma. Los activos bancarios problemáticos se adquirieron por Sareb a un precio que equivalía al 52,5% de su valor contable, lo que implicó una clara sobrevaloración de tales activos.


A la Sareb se transfirieron los activos problemáticos para gestionarlos y liquidarlos en un horizonte de 15 años, esto es, hasta 2027. Ha pasado más de la mitad del plazo y el proceso de venta y liquidación de activos ha ido por detrás de la previsión inicial, colocándose sólo en torno a un tercio de los activos adquiridos. El ritmo de venta de los activos a unos precios de venta muy rebajados no ha permitido pagar intereses, amortizar parte de la deuda, cubrir los gastos de mantenimiento de los activos y hacer frente a los saneamientos derivados de la puesta en valor real de los activos comprados a los bancos por encima de su valor.


Una carta remitida por la Comisión Europea al Instituto Nacional de Estadística (INE) en febrero de 2021 estableció que Sareb debe de reclasificarse en las Cuentas Nacionales de España como unidad perteneciente al sector de las Administraciones Públicas. Como consecuencia de dicha reclasificación, la actividad de Sareb repercute directamente sobre las cuentas públicas, con efectos desde 2020. El déficit de Sareb ha producido un aumento en el déficit público de 2020 en 9.891 millones de euros (0,88% del PIB) y un incremento de la deuda pública consolidada en 34.145 millones de euros.


Los bonos avalados por el Estado con los que Sareb pagó los activos adquiridos a los bancos se han convertido, pues, en una deuda pública adicional para el Estado cuya cuantía, 34.145 millones de euros, equivale al 3,05% del PIB de 2020 (datos tomados del RDL 1/2022, BOE de 19.1.22). Después de 2020 las operaciones de ventas de activos de Sareb y sus resultados contables afectan al saldo de las cuentas nacionales de las Administraciones Públicas.


La decisión adoptada por la Comisión Europea en 2021 y aplicada por el INE, se justificó por las prolongadas pérdidas de Sareb frente a una rentabilidad prevista del 13%, por la garantía estatal de que gozaba la deuda privada senior de Sareb y por la fuerte reducción del valor de la participación estatal en el capital social de Sareb. Esta entidad continúa su actividad por una excepción legal que la ha eximido de reducir su capital cuando las pérdidas contables disminuyesen su patrimonio neto por debajo de las dos terceras partes del capital social (RDL 6/2020, ratificado por el RDL 1/2022).


Una parte importante de las pérdidas de Sareb las ha ocasionado la contratación por dicha entidad de un ‘swap’ de tipos de interés, constituido por Sareb con el propósito de reducir el riesgo de la sociedad ante una eventual subida de tipos de interés. Desde la constitución de dicha operación los tipos de interés se redujeron de forma espectacular, provocando el ‘swap’ un nivel de pérdidas superiores a los 500 millones de euros anuales en los últimos cuatro años.


El RDL1/2022 modifica el régimen jurídico de Sareb para adaptar dicha empresa a la nueva realidad derivada de la reclasificación de Sareb dentro de las Administraciones Públicas. La norma elimina los límites a la participación estatal en el accionariado de Sareb, pudiendo el FROB adquirir o mantener una participación igual o superior al 50% del capital. Ello no implica que Sareb se configure como una sociedad mercantil estatal, por lo que se mantendrá sometida al ordenamiento jurídico privado. Si para lograr la mayoría en el capital de Sareb se le reconoce a los bancos un crédito fiscal equivalente a su participación, ello supondrá un coste adicional a los que aquí se han comentado.


El Gobierno asimilará la remuneración de los altos cargos a la de otras empresas estatales. Ello implica que pueden ser inferiores a las que se venían cobrando hasta ahora y que han ocasionado abundantes críticas por lo elevado de los mismos. La toma de decisiones relevantes corresponderá a la Comisión Rectora, compuesta por el presidente del FROB, tres representantes del Ministerio de Economía y dos representantes del Ministerio de Hacienda. Realizará la fiscalización externa el Tribunal de Cuentas y se mantiene el régimen de supervisión y sanción atribuido al Banco de España.


La nueva norma abre la posible colaboración con los objetivos de política de vivienda al señalar que Sareb “elaborará estrategias de cesión de inmuebles a entidades públicas o a entidades no lucrativas, en las que se ponderará la utilidad social de estos inmuebles”. El Real Decreto 42/2022, que regula el Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda, crea un programa de puesta a disposición de comunidades autónomas y de entidades locales de viviendas de Sareb y de entidades públicas para su alquiler como vivienda social. Las viviendas en cuestión se destinarán al alquiler durante un plazo de hasta cinco años. Las viviendas las cederá Sareb en usufructo y habrá ayudas públicas para que las entidades cesionarias abonen a Sareb cuantías comprendidas entre 150 y 175 euros al mes por cada vivienda.


La creación y el funcionamiento de Sareb ha supuesto, pues, aumentar el coste que para el Estado español supuso en su dia el saneamiento bancario derivado de la crisis financiera de 2008. La fórmula empleada, esto es, la creación del ‘banco malo’ para adqurir de los bancos a unos precios excesivos los activos degradados y revenderlos después, ha supuesto aumentar los costes del ajuste bancario durante el periodo de vida de Sareb por una cuantía significativa.


A los 43.000 millones de euros aproximados de coste del ajuste bancario estimados por el Banco de España habrá, pues, que añadir los costes derivados de las pérdidas y de la deuda pendiente de Sareb que la Comisión ha forzado a asumir al Estado español. El diseño de Sareb y su funcionamiento han sido una pesada carga que el Gobierno de Rajoy y de Guidnos dejaron al actual Gobierno. Una experiencia, pues, de la que deben sacarse las reflexiones necesarias tanto para no repetir errores futuros de este tipo y también para revisar de lleno la hasta ahora opaca gestión de Sareb. Se trata de reducir el impacto de la ejecución del aval en 2027, año previsto para el fin de la vida de Sareb.
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Vocal del Consejo Superior de Estadística del INE. Doctor en CC. Económicas por la UCM (1977). Es Estadístico Superior del Estado, en situación de excedencia, y Economista Titulado del Banco de España, en situación de jubilación. Ha sido consejero de Economía de la Junta de Andalucía, presidente del Banco Hipotecario de España, presidente de Caja de Ahorros de Granada, presidente del Consejo Social de la Universidad de Granada y gerente de la Universidad de Alcalá de Henares. Actualmente es miembro de Economistas frente a la Crisis y de la Plataforma por una Banca Pública.

ATTAC Acordem no se identifica necesariamente con las opiniones expresadas en los artículos, que son responsabilidad de los autores de los mismos.

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