Resumen ejecutivo

En los últimos años desde diversos países, organismos internacionales y foros plurilaterales se ha avanzado en la discusión sobre la creación de reglas para la facilitación multilateral de inversiones. “Facilitación” es un término laxo, que no incluye cláusulas de protección de las inversiones ni mecanismo de solución de controversias inversor-Estado (ISDS por su sigla en inglés). Incorpora en cambio términos como “transparencia”, “previsibilidad” y “compromiso con las partes interesadas” para establecer un nuevo conjunto de reglas para la inversión extranjera a nivel multilateral.

La facilitación de inversiones implica nuevos modos de la cooperación reguladora. Este mecanismo ya fue incluido en tratados de libre comercio como el Tratado Transpacífico (TPP), el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP) y el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europa y Canadá (CETA). La facilitación establece un nuevo detalle de responsabilidades que cada Estado tiene con el fin de garantizar la rapidez y simpleza en los trámites para la radicación de inversión extranjera en su territorio. Entonces, mismo si la facilitación no implica un sistema de protección para las inversiones, sí establece una serie de cambios que los Estados deben realizar en sus procedimientos administrativos y sus regulaciones en torno a las inversiones extranjeras.

En un contexto de fuerte deslegitimación del sistema de protección de inversiones, la discusión sobre facilitación intenta evitar los “temas sensibles” de la protección (como el mecanismo ISDS), mientras que afianza otros elementos que recortan el espacio de política pública para los Estados. Entre la facilitación y la protección de las inversiones hay una corta distancia. En lugar de abrir la discusión sobre qué inversiones y para qué, y bajo qué condiciones, la facilitación toma por sentado el discurso de que más inversión, en cualquier condición, es beneficiosa para los países. Por ello, la agenda de facilitación de inversiones debe ser resistida.