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“Escapar de la trampa de la deuda supone finalizar las políticas de austeridad y establecer auditorías de la deuda que conduzcan a cancelaciones de la misma. Bancos y actores privados deben responsabilizarse de su parte de pérdida”. Red Europea de ATTAC

La deuda se convierte una vez más en el asesino silencioso de millones de personas. Como antes en otras áreas geográficas, hoy la periferia europea languidece asfixiada por el peso del endeudamiento. Las políticas que se han aplicado en los últimos años han subordinado los derechos económicos y sociales de los pueblos al pago de la deuda. Tener solo en cuenta la capacidad económica de reembolso de la deuda por los países, olvida de manera consciente el impacto que ese pago tiene en los derechos humanos económicos, sociales y culturales de la gente. Por eso las crisis de la deuda, manifestaciones extremas del capitalismo financiero que hoy ahogan a los países de la periferia europea, se asientan en los mismos principios que las que sufrieron en el pasado numerosos países africanos, asiáticos y latinoamericanos y que, de hecho, continúan hipotecando hoy su futuro.

Creer que las recetas aplicadas por las élites económicas y políticas, que han empobrecido a millones de personas, solucionarán el problema es, cuanto menos, ingenuo.

En Europa, en los últimos años, los acreedores han realizado una férrea presión que reduce la soberanía de la población. Instituciones supranacionales no democráticas, al servicio de las clases dominantes y del lobby financiero (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional) presionan a los gobiernos para que apliquen rescates que solo salvan a los acreedores financieros o blindan en sus constituciones el pago prioritario de la deuda sobre cualquier otro gasto público.

Mienten cuando dicen que no hay alternativa a sus programas

Sin embargo, las actuaciones que hubieran evitado parte de los graves problemas que afectan a la ciudadanía son precisamente una mayor intervención de los estados en el sector financiero, el control político democrático que asegure la justa atención a los intereses colectivos, los impuestos, como el que debiera gravar las transacciones financieras (ITF), la erradicación de los paraísos fiscales y una banca pública vinculada a las políticas sociales y económicas a favor de la ciudadanía, más la estricta separación entre banca de inversión y de depósito para preservar y garantizar los ahorros de la ciudadanía.

No obstante, las políticas fiscales, monetarias y el control del sector financiero no solucionarán el problema del enorme volumen de deuda ya contraída. Abordarlo requiere programar una propuesta de reducción de la deuda tanto pública como privada, además de acordar nuevos plazos de su devolución así como cambiar las condiciones financieras de los préstamos.

Es imprescindible hacer un riguroso análisis de la legitimidad de la deuda para que el reparto de cargas de su reducción sea adecuado y justo desde el punto de vista social. Diversos colectivos ciudadanos proponen procesos de auditoría ciudadana como medio al alcance de la población para analizar de manera crítica las políticas de endeudamiento hasta ahora, así como el impacto de las mismas en la población, especialmente en la más vulnerable. El objetivo es evitar que las auditorías se limiten a un equívoco análisis de expertos de datos financieros y propone un análisis más amplio y profundo de la deuda que incluye los recortes en los derechos fundamentales de los ciudadanos, las consecuencias que afectan al medio ambiente, más la falta de transparencia en el endeudamiento y el derecho de los ciudadanos a controlar quienes gobiernan, así como promover una participación más activa en los asuntos públicos.

En fin, un proceso por el que recobremos el control sobre nuestra economía y nuestras vidas, sobre el modo en que producimos, el modo en que consumimos y en definitiva como nos relacionamos.

Cuando se plantea la alternativa de las quitas de deuda, el discurso económico ortodoxo dice que supondría la quiebra de la seguridad jurídica además de consecuencias dramáticas que provocarían un efecto contrario al deseado. Se considera que no son válidos para al sector público o las familias, los mecanismos legales y económicos para arbitrar las quiebras cuando ocurren en el ámbito empresarial. Solo dogmatizan que “las deudas hay que pagarlas” y no hay solución que se acepte que no sea ese axioma.

Sin embargo, la experiencia histórica demuestra que no ha sido precisamente esa la práctica utilizada para resolver los problemas de sobre-endeudamiento. Más aún, la adopción tardía de medidas para reducir de manera suficiente el importe de las deudas para hacer posible su pago, han tenido consecuencias dramáticas para la estabilidad política.

Desterremos del imaginario colectivo la idea de que estamos ante obstáculos técnicos insalvables. Todos pueden ser superados con otra voluntad política que corresponsabilice a deudores y acreedores para alcanzar soluciones justas al desafío al que nos enfrentamos.

Barcelona, enero de 2015

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