Verónica Gómez Calvo — Miembro de la Comisión de Servicios Públicos de ATTAC.

El 13 de Febrero el Presidente de los EEUU, Barak Obama, el Presidente del Consejo Europeo Herman Van Rompuy y el Presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, se comprometieron a impulsar un Acuerdo Trasatlántico de Comercio e Inversión entre EEUU y la UE a través negociaciones y durante un plazo de dos años, creando de esta manera un espacio de libre comercio a ambos lados del Atlántico. Aparentemente, un acuerdo de libre mercado entre EEUU y la UE lograría un gigantesco mercado interno que podría representar en torno a la mitad del PIB mundial y un tercio del comercio global. Nuestra preocupación estriba en el coste que hemos de pagar para alcanzar semejante mercado y quiénes serían los auténticos beneficiarios del mismo.

Las negociaciones entre EEUU y la UE tienen como objetivo eliminar aranceles, abrir a la inversión los respectivos mercados de los servicios y la contratación pública, así como homogeneizar los estándares y requisitos indispensables para hacer posible la comercialización de bienes y servicios. Esto significa que EEUU y la Unión Europea deben “armonizar” sus complejas normas jurídicas, ecológicas, culturales y sanitarias, con el objetivo de profundizar en la liberalización. El único ajuste posible es entonces, hacia abajo, degradándolas para ajustar cada una de ellas a la menos exigente, ya que de otra manera, no puede haber una mayor liberalización, y recordemos que las normas de EEUU y la UE difieren prácticamente en todo. ¿Significa esto que los Europeos debemos rebajar nuestros estándares y aceptar los productos estadounidenses genéticamente modificados que en la actualidad rechazamos? ¿Significa que los trabajadores estadounidenses tendrán que aceptar una mayor degradación laboral y de las normas medioambientales tal y como hacen gala las corporaciones de la UE, incluso si violan las mismas leyes de los EEUU?

Pensar sólo en términos del PIB que este mercado podría generar, es una idea muy complaciente pero la realidad es que no beneficia a todos por igual. La “armonización” de las normas y estándares de EEUU y la UE daría cabida a productos y servicios más degradados, mientras que para los trabajadores y las PYMES sólo significaría un exacerbamiento de la ya brutal competencia, con pérdidas salariales, de derechos laborales o de cuota de mercado para abrir el camino a las grandes ganadoras de los mercados “abiertos”: las corporaciones.

En ATTAC creemos que este acuerdo, fuertemente influenciado por los lobbies y negociado a puerta cerrada y de espaldas a la ciudadanía, puede tener un impacto dramático en la vida de muchas personas y traerá una mayor destrucción del tejido productivo y del empleo; a la vez que limitará el espacio político que las autoridades gubernamentales tienen para defender legítimamente los derechos económicos, sociales y medioambientales de su ciudadanía.

Las preguntas que debemos hacernos son: ¿Es propio de países “democráticos” llevar a cabo negociaciones que afectan directamente a la vida de sus ciudadanos a espaldas de los mismos? ¿Es válido cualquier tipo de “crecimiento económico”?, ¿aun cuando se haga a costa de los derechos e intereses públicos? ¿El sistema económico debe servir a la sociedad o es la sociedad la que está al servicio del sistema económico? ¿No debería basarse cualquier tipo de acuerdo económico en el interés general, la defensa del bien común y el respeto de la naturaleza?, y si no es así, ¿por qué lo permitimos?.