Joaquim Sempere. DesBanka

Público.es

La ILP presentada al Congreso y avalada por más de 1.400.000 firmas pedía que se legislara la dación en pago para saldar hipotecas en caso de no poder pagarlas y la opción del deudor a conservar la vivienda durante cinco años pagando un alquiler, evitando así el desahucio. Mereció el desprecio de la mayoría parlamentaria y del gobierno del PP, que tuvo la desfachatez de alegar que generaría “inseguridad jurídica”. Al gobierno le preocupa que los inversores gocen de seguridad jurídica para ir engrosando sus beneficios y le importa un bledo la inseguridad jurídica, económica, familiar y vital de la gente corriente.

Pero el PSOE quitó también importancia a la ILP cuando se opuso, con el PP, a la comparecencia ante la Comisión del Congreso del magistrado José Mª Fernández Seijo, el mismo que, al elevar la cuestión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ha sido el desencadenante del dictamen de este organismo que establece que con la actual legislación española sobre hipotecas no se garantiza suficientemente la protección de los deudores frente a cláusulas abusivas de los bancos. Según el dictamen de este alto tribunal los jueces pueden paralizar un desahucio antes de que se haga efectivo, incluso sin denuncia de la víctima, actuando de oficio.

La conducta autoritaria es servil con los de arriba y prepotente con los de abajo: ésta ha sido la reacción inmediata tanto de la patronal bancaria como del gobierno de España. Uno y otra se habían opuesto con ahínco, ferocidad y desprecio a las propuestas de la ILP, avalada por una insignificante y despreciable ciudadanía. Al conocerse el dictamen del TSUE, en cambio, no han tardado en reaccionar diciendo la patronal que considera el dictamen “constructivo y razonable” y el gobierno que va a incorporar su contenido a una nueva ley hipotecaria. Tratándose de quien se trata haremos bien en observar con lupa cuáles son los pasos que vayan a dar y no darles respiro hasta que se logre una solución humana aceptable a la situación, sin olvidar a quienes ya han sido desahuciados y arrastran deudas insoportables, además de haber vivido un infierno durante meses o años.

Un logro importante de este dictamen –suponiendo que se aplique como se debe— es que da a los jueces la oportunidad de detener la ejecución de los desahucios cuando se detecten cláusulas abusivas. No obstante, me quedan varias dudas: ¿todos los jueces implicados actuarán con el criterio de dar preferencia a una necesidad humana básica –el acceso a una vivienda digna— sobre los privilegios del dinero? ¿Cómo se interpretará si una cláusula es o no abusiva?

En cualquier caso, es evidente que este dictamen va a evitar muchas situaciones trágicas y seguramente a salvar unas cuantas vidas. En sí mismo es ya una victoria de las Plataformas de Afectados por Hipotecas y un revés para la banca y su gobierno títere.

Hay quien dice que esto empeorará la situación de quienes pidan hipotecas porque los bancos van a endurecer los requisitos para concederlas y a aumentar los intereses. A este argumento se puede replicar que si esto ocurre –como es probable tratándose no de una banca pública, sino de una banca privada orientada a hacer negocio— seguramente no es malo en sí mismo, pues una solución más razonable al problema del acceso a la vivienda es el alquiler. Las autoridades debieron priorizar la construcción de un parque suficiente de vivienda de alquiler –“social” o no— en vez de ceder a la alianza de dos de los sectores más poderosos del gran capital español: las grandes constructoras y la gran banca. Ambos sectores tienen un enorme interés en promocionar la vivienda de propiedad y la consiguiente necesidad de crédito para financiar su adquisición. Esta alianza ha sido, sin duda, el origen de la burbuja inmobiliaria y los males consiguientes a su estallido.

La Europa que tenemos no es atractiva ni recomendable por la inspiración claramente neoliberal de sus esquemas de funcionamiento. Pero en algunas cosas aún nos puede ser útil; la razón es que nuestra oligarquía financiera y sus servidores políticos son tan prepotentes, tan faltos de una mínima sensibilidad democrática, que sus modales chocan con los criterios de respeto a la ciudadanía que en otros países europeos se dan por descontados.

Se han ganado posiciones. Pero sigue la guerra para lograr que las personas, sus necesidades y su dignidad estén incondicionalmente por encima del poder del dinero.

Profesor emérito de Sociología de la Universidad de Barcelona