Javier Echeverría – ATTAC Navarra–Nafarroa

En mi opinión, la política de vivienda no ha variado prácticamente nada en este país desde hace varias décadas, exceptuando las circunstancias, y en estos momentos se están sentando las bases para que siga igual durante muchos años más. El derecho a la vivienda es un ejemplo de cómo los derechos recogidos en la Constitución son violados impunemente por un principio mucho más poderoso en la sociedad capitalista neoliberal actual: los negocios especulativos.

El artículo 47 de la Constitución dice que todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y que los poderes públicos establecerán las normas pertinentes para garantizar ese derecho e impedir la especulación. Sin embargo, a la vista de la situación actual y de las causas que la han generado, ese artículo es todo un sarcasmo, como mínimo.

Todos sabemos a estas alturas que, además de los excesos de la especulación externa, aquí tuvimos una inmensa burbuja inmobiliario-financiera con la que se lucraron enormemente bancos (internos y externos), promotores, constructores e inmobiliarias. Tras un fuerte descenso de las rentas salariales relativas como consecuencia de las políticas neoliberales aplicadas desde los años 80, se incitó al endeudamiento para la adquisición de viviendas pasando de un crédito inmobiliario del 28% del PIB en 1997 al 103% en 2007. En este sector se endeudó todo el mundo: bancos, promotores, empresas… y particulares. Y la fuente principal de financiación fue la banca europea, sobre todo alemana, cuyo crédito a entidades españolas creció a una media anual del 22,6% entre 1997 y 2007 (“Demasiado crédito para el promotor”, Julio Rodríguez López).

En la formación de la burbuja inmobiliaria fueron claves un conjunto de políticas que favorecieron la compra de viviendas y penalizaron el alquiler. Entre ellas destacan la Ley del Suelo de 1998, conocida como “ley de todo urbanizable”, y las políticas fiscales de desgravación del IRPF por compra de vivienda y la eliminación de la desgravación por alquiler a partir de 1998. Así se construyó lo que se ha dado en llamar la “sociedad de propietarios”. Eurostat avala esta denominación: