Denuncia: Calaluña, la renta mínima, bajo mínimos

18 desembre 2011 | Categories: Catalunya, ciutadania, drets econòmics i socials, pobresa, Portada |

Blanca Cía

Suplemento Cataluña diario “el País”

El expediente de Lili, una joven de 21 años sin ingresos y madre de una niña de dos con una grave discapacitación, es uno de los que se acumulan en el Departamento de Bienestar Social y Familia de la Generalitat. Como otras 650 personas de Barcelona, está pendiente de la tramitación de la renta mínima de inserción (RMI). En el año en el que los efectos de la crisis económica se han recrudecido más y se han multiplicado los cuadros de precariedad social y laboral, la Generalitat ha aprobado 89 ayudas, 71 han sido denegadas y 644 están pendientes de tramitación en la capital catalana.

La congelación del salario social —un derecho si no hay ingresos— ha sido prácticamente total. Desde julio, cuando la Generalitat endureció los requisitos para conceder la RMI, solo se han aprobado tres de los solicitados en Barcelona, según datos del Ayuntamiento. Fue el Departamento de Empresa y Ocupación de la Generalitat el que decidió revisar casi 32.000 expedientes de RMI de toda Cataluña en pleno agosto tras sembrar la sospecha de fraude sobre los receptores de una ayuda de 423 euros. El titular de ese departamento, Francesc Xavier Mena, no concretó finalmente en cuántos casos se habían descubierto irregularidades, salvo 2.356 perceptores de toda Cataluña que no pudieron ser localizados y a los que se les suspendió la ayuda.

Mientras tanto, las peticiones nuevas se han ido amontonando. La de Lili es una de ellas. A la espera de que se resuelva su expediente, la joven vive en un piso de Cáritas en el barrio de Gràcia de Barcelona. Es esa institución la que se ha hecho cargo de ella. Lili llegó de Paraguay hace dos años. Tenía 19 y vino con la intención de trabajar y estudiar. Sus planes se torcieron cuando descubrió que estaba embarazada. Su gestación fue de riesgo al detectarse problemas enseguida. Finalmente, tuvo una niña que nació con espina bífida. Hasta tener a la pequeña compartió una habitación que su padre tenía realquilada en un piso en el Maresme. Las cosas se pusieron mal para el padre, que se quedó sin trabajo y, finalmente, regresó a Paraguay. Lili fue entonces a vivir a una casa de acogida de Cáritas en los primeros meses tras el parto y con una criatura —Laura— que requería de constante atención hospitalaria.

En abril pasado se trasladó al piso de Gràcia, también de esa entidad, que comparte con otra madre y su hijo. Cáritas es la que se hace cargo, también, de la factura de una guardería especial para la pequeña. Y la que la ha ayudado a salir adelante en todo. También en las peticiones de ayudas a la Administración. “A veces hago algún canguro y he hecho cursos de cuidado de personas mayores pero, de momento, no tengo trabajo”, explica sentada en la sala de estar del pequeño piso. Dos habitaciones más cocina y baño. Y una galería que da a un interior de manzana que esconde un impresionante ciprés.

“Lili es madre de una niña española con una grave discapacidad y por eso le concedieron un permiso de residencia y trabajo por razones humanitarias”, explica Maria, la trabajadora de Cáritas. Tramitaron hace más de un año la ayuda que prevé la Ley de la Dependencia, que le ha sido reconocida, pero no llega. “Como no tenía ningún ingreso tramitamos en junio la renta mínima de inserción (RMI) confiando en que lo resolverían de forma positiva”, continúa explicando la trabajadora. De la RMI no hay noticias. Lili, con una sonrisa de oreja a oreja, no se arredra y confía en salir adelante y trabajar de cuidadora de personas mayores.

En las oficinas de servicios sociales del Ayuntamiento o en las parroquias y dependencias de Cáritas conocen el peligro de la fractura social y de la pobreza que se está cronificando. “Como se han dejado de dar las RMI las personas acuden a nosotros para poder atender el pago del alquiler, la hipoteca, el colegio, la alimentación o todo junto”, apunta una trabajadora social del Eixample. Han sido las ayudas relacionadas con el pago de la vivienda las que se han disparado en los últimos meses.

Antonio Lorite, presidente del comité de empresa del Ayuntamiento, explica que como consecuencia de la congelación en la tramitación de la RMI, el Consistorio ha acabado engrosando la partida de ayudas económicas para hacer frente a una lluvia de peticiones. “Sabemos que el gerente del área Ángel Miret se reunió con delegados del consejero de Bienestar Social, Josep Lluis Cleries, para que desbloquearan las peticiones de RMI pendientes”, añade el delegado sindical. Portavoces del Ayuntamiento no confirmaron la existencia de esa partida extra —la presupuestada para este año era de 2.150.000 euros— y su cuantía. Por su parte, portavoces de Bienestar Social precisaron que el Departamento de Empresa y Ocupación ha decidido desbloquear 1.500 de las peticiones pendientes de toda Cataluña.

Un responsable de la organización de los servicios sociales municipales reconoce, como también lo hacen desde Cáritas, que la tardanza en la respuesta de la Administración está agravando la situación de centenares de familias que no tienen ningún ingreso y las está llevado al límite de la exclusión. Más contundente es Ricard Gomà, presidente de Iniciativa per Catalunya en el Consistorio, para quien no hay ninguna justificación del recorte en la concesión de las ayudas precisamente a los que están en una situación más precaria: “La renta mínima es un derecho para quien no tiene ingresos, no beneficencia que es como lo considera el actual Gobierno catalán”. Los datos de la media de RMI aprobados desde el inicio de la crisis en los últimos años muestran el frenazo. En 2009 se aprobaron 2.697 expedientes en Barcelona y en 2010, 3.828. En 2011, con Gobierno convergente se han concedido 89.

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