Dación en pago, una solución posible y necesaria

Adriá Alemany / Miembro de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca

Diagonalweb

En los últimos años, miles de familias en el Estado español han descubierto horrorizadas que al quedarse sin ingresos y no poder hacer frente al pago de su hipoteca, no sólo se enfrentan al drama de perder su vivienda, sino que además se les condena con una deuda de por vida.

Adriá Alemany / Miembro de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca

Diagonalweb

En los últimos años, miles de familias en el Estado español han descubierto horrorizadas que al quedarse sin ingresos y no poder hacer frente al pago de su hipoteca, no sólo se enfrentan al drama de perder su vivienda, sino que además se les condena con una deuda de por vida. Desde hace dos años, la voz organizada de los afectados ha conseguido elevar a debate público una propuesta: regular la dación en pago, para que con la entrega de la vivienda se liquide la totalidad de la deuda hipotecaria. A medida que la propuesta se ha ido abriendo hueco en los medios de comunicación, ha ido recogiendo la adhesión de entidades sociales y organizaciones sindicales, obligando a las formaciones políticas a posicionarse públicamente. Sin embargo, ¿por qué no se aprueba la dación en pago? Para abordar esta pregunta es necesario analizar la evolución del debate y los argumentos desde sus orígenes.

Mitos que han caído

Primero fue aquello de que el contrato hipotecario era un contrato entre privados y que el Estado no podía intervenir. Hasta que el Estado intervino inyectando ingentes ayudas públicas para dotar de liquidez al sistema financiero sin exigir ninguna contrapartida. Luego vino la cantinela de que era un contrato libre entre las partes y que los únicos responsables eran los hipotecados, puesto que nadie les había puesto una pistola en el pecho para que firmaran. Pero tratar de iguales a los desiguales, y equiparar la necesidad de las familias de acceder a una vivienda a través de una hipoteca con el lucrativo negocio de los créditos hipotecarios de unas entidades financieras provistas de un ejército de economistas y abogados a sueldo, era un insulto a la inteligencia.

Además, en ningún lugar del contrato se especificaba la posibilidad de que el banco se adjudicase el inmueble por el 50% del valor de tasación, dejando al ex propietario con una deuda impagable para el resto de su vida. Posteriormente se atrincheraron en un subterfugio jurídico alegando que aplicar la medida con efectos retroactivos para aquellos contratos hipotecarios ya firmados era inaceptable en un Estado de derecho, ya que implicaba cambiar las reglas del juego en mitad de la partida. Pero la reforma laboral se encargó de echar por tierra esta excusa, rebajando a 20 días la indemnización por despido, con independencia de si los contratos laborales se habían firmado antes, durante o después de la reforma.

“La fortaleza del sector”

Uno tras otro, los argumentos que utilizaba el ejecutivo para rechazar la medida se han venido desmontando y lo que hace un año parecía un grito en el desierto, se ha convertido en un clamor popular. Ya nadie pone en duda la injusticia de un ordenamiento jurídico que sobreprotege los intereses de las entidades financieras y que hace recaer todo el peso de la responsabilidad sobre la parte más vulnerable e indefensa del contrato. Aun así, el Gobierno se muestra reacio. En unas recientes declaraciones, la ministra Salgado manifestaba la dificultad de aprobar una medida que “pondría en riesgo la fortaleza del sector financiero, base de la recuperación y del crecimiento económico” en un momento en el que los mercados internacionales tienen serias dudas sobre la solvencia del sistema.

Pero ¿alguien se ha molestado en cuantificar las pérdidas que conllevaría para el sistema financiero aprobar la dación en pago? ¿alguien se ha tomado la molestia de evaluar el coste económico y social que implica no aprobarla? Hagamos algunos cálculos. Según el Instituto Nacional de Estadística, Tinsa o el mismo Banco de España desde que alcanzó su máximo histórico en diciembre de 2007, el precio de las viviendas se ha devaluado un 20%. Desde 2007 hasta finales del 2010, los procedimientos de ejecución hipotecaria iniciados suman 300.000. Durante el auge inmobiliario, el importe medio de las hipotecas concedidas ascendía a 150.000 euros. Sin embargo, y habida cuenta de que la mayoría de procedimientos ejecutorios se producen para hipotecas suscritas a partir del 2004, el importe medio de las hipotecas ejecutadas es de un orden mayor. Siendo generosos y tirando al alza, pongamos que la deuda media es de 250.000 euros. Puesto que en la mayoría de casos el préstamo hipotecario se concedía por el 100% del valor del piso, una depreciación del 20% implica que cada vivienda se ha devaluado 50.000 euros. Si multiplicamos 50.000 euros por las 300.000 viviendas ejecutadas, nos da un total de 15.000 millones de euros. Es decir, si se aceptara la dación en pago, bancos y cajas perderían 15.000 millones de euros. Una cantidad que, sin ser despreciable, es un 25% inferior a los beneficios que obtuvieron durante el ejercicio 2009, muy inferior a los 100.000 millones de euros del FROB, y mucho menos significante si lo comparamos con el total de ayudas que en concepto de avales, compra de activos tóxicos e inyecciones de liquidez a tipos de interés subsidiado, han percibido las mismas entidades. El problema, por tanto, no es lo que pierden sino lo que dejan de ganar adjudicándose unas viviendas a precios de saldo, en lo que constituye un ejemplo de acumulación por desposesión.

A diferencia de lo que algunos pretenden hacernos creer, lo que mantiene en jaque a bancos y cajas españoles no es tanto la deuda hipotecaria de las familias como los activos que se acumulan en sus balances derivados de la quiebra de centenares de empresas del sector inmobiliario. Urbanizaciones fantasma, promociones sin acabar, miles de metros cuadrados por construir e imposibles de colocar en el mercado que han sufrido una depreciación infinitamente mayor que las viviendas procedentes de ejecuciones hipotecarias.

Un primer paso contra la crisis

Por otro lado, el coste de oportunidad de no aprobar la medida implica no sólo condenar a la pobreza y a la exclusión social a millones de personas, sino que supone hipotecar las políticas sociales presentes y futuras. Una sangría para las finanzas públicas locales, autonómicas y estatales obligadas a subsidiar el comedor de los niños, los libros de la escuela, las ayudas al alquiler, etc. No aprobar la medida implica excluir del circuito a millones de personas que acudirán a la economía sumergida ante la amenaza de que les embarguen el sueldo. Ello conllevará un incremento de la evasión de impuestos y una consecuente reducción de los ingresos públicos, en un contexto donde son más necesarios que nunca. Condenadas a una deuda de por vida, liberar a las familias supondría liberar unos recursos que contribuirían a reactivar la demanda interna y por lo tanto la economía. En un sistema donde el principal motor de la economía es la confianza, ¿cuál es el coste de dejar en la cuneta a centenares de miles de familias sin un horizonte de expectativas?

Ganar la batalla de la dación no solo supondría una victoria para las familias afectadas y una cuestión de justicia social. A nuestro entender es una condición necesaria, aunque no suficiente, para salir de la crisis. Significa romper la lógica perversa que imprimen los mercados y simboliza un primer paso para que la sociedad civil recupere el control democrático de la economía y el timón de la política, en estos momentos secuestrada.


¿QUÉ ES LA DACIÓN EN PAGO?

La dación en pago es una propuesta de mínimos que permitiría a las familias empezar de cero, una propuesta que, formulada de una u otra manera, se aplica en todos los países de nuestro entorno. A grosso modo es una figura parecida a la que se acogen las empresas que se declaran en quiebra para liquidar sus deudas con los acreedores. La propuesta que impulsada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y formulada por el Observatori DESC, se debatió en la comisión de vivienda del Congreso de los Diputados el pasado 16 de Junio de 2010 a través del grupo mixto ICV-IU-ERC, y se encuentra bloqueada por el Gobierno.

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